11 de septiembre del 2003

El Ministro de la Producción y el Comercio, Ramón Rosales Linares presenta un documento denominado "Privilegiando el derecho al desarrollo", donde señala unas reflexiones y fija la posición del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de las negociaciones para regular el comercio internacional ante la V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se lleva a cabo en este balneario mexicano.

A continuación texto del documento presentado por el ministro de la Producción y el Comercio, Ramón Rosales Linares.

"En esta V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, tengo la responsabilidad de comunicar a la comunidad internacional y organizaciones que hacen vida alrededor de estos asuntos de gran trascendencia, algunas reflexiones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el estado actual de las negociaciones de la OMC y sus futuras consecuencias.

Balance entre compromisos y resultados derivados de los acuerdos

"Desde la creación del sistema multilateral de comercio se pretendió como fundamento, que el comercio internacional lograría, per se, un desarrollo humano sustentable, particularmente mediante su liberalización, con lo que supuestamente se alcanzarían mejores condiciones de acceso a los mercados de los países miembros. Para ello se diseñaron y acordaron una serie de normas en diferentes áreas del sistema multilateral de comercio.

"No obstante la exigencia de reciprocidad en el cumplimiento de muchas de las normas acordadas ignoró las grandes diferencias existentes entre las economías vinculadas al sistema multilateral y los diferentes niveles de desarrollo. Al obligar a los países con economías desiguales a comportarse como iguales, se originaron grandes perjuicios para las naciones en desarrollo.

"Si bien es cierto que hay algunas previsiones adoptadas con respecto al Trato Especial y Diferenciado, estas, en su mayoría, no se han cumplido, en algunos casos no existe la capacidad suficiente para que los países en desarrollo puedan obtener alguna ventaja de la aplicación de tales normas generándose mayores desequilibrios en las relaciones de intercambio entre los países desarrollados y en desarrollo.

"En estas circunstancias, no quedan dudas acerca de cuáles han sido los países ganadores y cuáles los perdedores, dadas las características del actual sistema de comercio internacional.

Como lo registra el Informe para el desarrollo humano del año 2003 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países con índice de desarrollo humano (IDH) bajo, en 1990 participaban con el 0,86% de las exportaciones mundiales contrastando con el 82,82% de la participación correspondiente a las naciones con índice alto.

Para el año 2001 la participación en las exportaciones mundiales con bajo IDH, había disminuido al 0,66%, una clara e incuestionable evidencia de quienes han sido los perdedores de la Ronda de Uruguay.

No adopción de nuevos compromisos

"Como puede apreciarse, persiste y se incrementa con el tiempo la brecha de desigualdad y beneficios que resultan del fiel cumplimiento de esos mecanismos, llevando a cuestionar la eficacia del libre comercio, en los términos en los que se encuentra planteado y en la forma en que ellos se ejecutan, imposibilitando que el sistema pueda, efectivamente, constituir un factor clave para atender de manera justa y equilibrada el desarrollo humano.

"La evidencia indica que a pesar de los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptarse a esas normas, la calidad de vida no ha mejorado y son preocupantes las limitaciones de acceso a los bienes y servicios básicos de subsistencia de la mayoría de la población mundial.

"De allí que la delegación de la República Bolivariana de Venezuela plantee la necesidad de no adoptar nuevos compromisos hasta no resolverse la extensa y variada gama de asuntos pendientes, fundamentalmente los que afectan a los países en desarrollo.

"Antes de iniciar cualquier nueva negociación, el gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela considera que se debe realizar una revisión pública de las consecuencias de los acuerdos de Marrakech y de su impacto sobre el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades entre países según sus niveles de desarrollo, el empleo, el ambiente, tal como lo solicita el Consejo Económico y Social (CES) a la Unión Europea.

Priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social

"Para el mundo industrializado, los problemas comerciales se limitan a una competencia por los mercados, para el mundo en desarrollo, el problema fundamental se centra en la lucha contra la pobreza, secuela de políticas equivocadas derivadas de modelos liberalizadores endógenos con visión excluyente. Siendo extremadamente diferentes los problemas a resolver, diferentes son entonces los enfoques y las soluciones, esto es una realidad insalvable.

"En las negociaciones para liberalizar y desregular el comercio y las inversiones se le ha dado poca importancia a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para que el libre comercio pueda traducirse en una mayor calidad de vida y bienestar para los pueblos del mundo, la OMC tiene que enfrentar los verdaderos obstáculos del libre comercio.

El intercambio desigual que prevalece como expresión de un orden económico internacional injusto; El acceso a la información, el conocimiento y la tecnología por parte de los países en vías de desarrollo; Las disparidades y asimetrías que colocan en una insalvable desventaja a los países del sur frente a las potencias del norte; El peso de una deuda externa impagable que absorbe un creciente porcentaje de los fondos que pudieran destinarse a la inversión pública y al intercambio comercial; El impacto negativo de las políticas de ajuste estructural impuestas por los organismos financieros internacionales; Los obstáculos para acceder al financiamiento internacional El incumplimiento del mundo industrializado de destinar al menos el 0,7 de su PIB para la asistencia al desarrollo, acordado en la cumbre de Monterrey; Los obstáculos para que los países en desarrollo puedan, en función de sus propias realidades y potencialidades, desarrollar planes de crecimiento y desarrollo propios.

Aplicación de políticas públicas

"En los últimos años ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que privilegia al mercado frente a la acción estatal sin tomar en cuenta la negativa experiencia global y sin considerar las formas en las cuales el Estado ha intervenido de manera exitosa en diferentes experiencias históricas de desarrollo.

"El mercado por sí solo no será, como no la ha sido nunca, capaz de garantizar ni el crecimiento económico, ni la superación de la pobreza, ni el logro de la equidad en el mundo en desarrollo.

La evidencia demuestra lo contrario: en las últimas dos décadas se ha producido un acelerado proceso de liberalización y desregulación a escala planetaria y simultáneamente se han acentuado las desigualdades tanto al interior de los países como entre los países.

Ante estos hechos irrebatibles es necesario reintroducir el tema de la adecuada intervención del Estado y de reivindicar el papel de las políticas públicas como condiciones sin las cuales no sería posible alcanzar la meta deseada de un desarrollo equitativo, democrático y ambientalmente sostenible.

"El tema de las relaciones entre el mercado y el Estado no es un asunto que se pueda resolver de manera inmediata para las futuras situaciones y coyunturas, con base en supuestos teóricos o políticos generales. Ni la hegemonía del Estado ni el fundamentalismo de mercado son las alternativas en las cuales Venezuela y los países del sur podrán encontrar las claves para el desarrollo económico y social.

"Nuestro principio es: "Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario". La armonización entre el papel del Estado y la dinámica del mercado son asuntos que deben decidirse en cada contexto, de acuerdo con las condiciones particulares y la voluntad democrática de los ciudadanos, y en ejercicio de la soberanía. Ningún acuerdo comercial puede pretender resolver esta tensión de una sola vez a favor del Estado o del mercado.

"No se trata, entonces, de limitar la acción reguladora de los Estados para allanar el camino de la liberalización económica a través de la adopción irreversible de acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento. No basta con liberalizar el comercio y las inversiones para garantizar el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo. Sin mecanismos expresos que faciliten el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas a lograr una reducción significativa de las disparidades entre las diferentes regiones, países y actividades productivas, la libre competencia entre desiguales, no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes y a un debilitamiento aún mayor de los mas débiles.

Nuevos actores en el sistema multilateral de comercio

"Solo mediante un proceso de negociaciones efectivamente participativo para el conjunto de la sociedad -sectores empresariales, trabajadores, organizaciones indígenas, de mujeres, culturales, ambientales, partidos políticos, Parlamentos, prensa- podremos afirmar que estamos avanzado en la dirección de un proceso que pueda caracterizarse como verdaderamente democrático y generador de riqueza.

"El actual modelo de negociación no hace posible la participación de las organizaciones sociales en el seguimiento de los temas fundamentales y el resultado de los acuerdos. Sin embargo, se le otorga un alto grado de discrecionalidad a los representantes de las grandes potencias, convirtiendo, de hecho, las posturas de estos representantes en decisiones prácticamente secretas que niegan de antemano la participación de los países en vías de desarrollo en los asuntos cruciales que se discuten.

"La incorporación de nuevos y válidos actores en el Sistema Multilateral de Comercio es una exigencia democrática. La transparencia, el acceso pleno a la información y el derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones tienen su fundamento principal en el hecho de que la OMC es mucho más que un acuerdo comercial, puesto que sus normas impactan decisivamente al más amplio espectro de la vida colectiva en sus dimensiones institucionales, políticas, sociales e, incluso, culturales.

Democratización de la toma de decisiones y negociaciones

"Otro elemento de evaluación es el tema de la transparencia como experiencia democrática y democratizadora del Sistema. Hay que reconocer los esfuerzos realizados por el actual director de la organización por hacer del conocimiento público sus normas y decisiones fundamentales, así como la interacción que se viene dando en los últimos años con las organizaciones sociales.

"Sin embargo, no es menos cierto que siguen existiendo mecanismos informales poco transparentes en el proceso de negociaciones a través de los cuales, generalmente, terminan imponiéndose los intereses de las grandes potencias. Ejemplo de ello son las reuniones mini- ministeriales, cuyos participantes son limitados, con temas de interés específico, etc., donde la posibilidad de negociación para aquellos países que quedan excluidos los coloca en desventaja, reflejándose en resultados adversos a los esperados.

Derechos humanos por encima de los mercantiles

"En estos procesos hay una marcada tendencia a priorizar los derechos mercantiles sobre los humanos, desplazándolos hacia el comercio. Se trastoca así la filosofía de los derechos humanos al imponer la libertad de comercio y la rentabilidad de la inversión como paradigma de la materialización de estos.

"La creación de un nuevo sujeto de derecho en torno a los derechos comerciales coloca a las empresas en un nivel equivalente al de las personas y los Estados. La supremacía que se le otorga a los derechos mercantiles sobre los derechos humanos se traduce en una seria amenaza a estos últimos. Esto es particularmente preocupante dado que, en general, los tratados para la liberalización del comercio y la inversión tienen mecanismos mucho más efectivos para garantizar su cumplimiento -mediante fuerte sanciones- que los previstos en los acuerdos y tratados de derechos humanos, laborales, culturales y ambientales.

"Para el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, los derechos económicos, culturales y civiles son y serán interdependientes, indivisibles e irrenunciables. En consecuencia, los intereses comerciales no podrán tener supremacía por encima de los derechos humanos y la soberanía de los Estados.

La agricultura y las políticas proteccionistas

"El artículo 305 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela señala: "El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de los alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte de los consumidores. La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal, la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de la mano de obra y otras que fueran necesarias, para alcanzar niveles estratégicos de autoa bastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola" "Con este mandato constitucional, la delegación venezolana ante la V Reunión Ministerial de la OMC se pronunciará por la reducción de las políticas proteccionistas y de los ruinosos subsidios que otorgan los países industrializados, sin que esta exigencia se convierta en una obligación generalizada que impida a los países en desarrollo hacer uso de estos instrumentos y otras políticas públicas para acortar la desventaja que sufren frente a las grandes potencias que subsidian a los agricultores.

Aunque se limiten las barreras arancelarias a las exportaciones de los países en desarrollo, es imposible competir con los precios subsidiados de los países del Norte. Tales prácticas impiden o dificultan el acceso a los mercados del mundo. Los productos subsidiados compiten deslealmente en nuestros propios mercados internos y su ventaja competitiva se hace mucho mayor al reducir o eliminar nuestros aranceles. Incluso, si las potencias eliminaran tales subsidios y apoyo a sus productos, la relación aun permanecería desigual. Por ello, no se nos puede exigir que hagamos lo mismo y asumamos mayores compromisos de liberalización.

Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros de las naciones desarrolladas para apoyar la agricultura; solo contamos con la firme voluntad de diseñar y desarrollar instrumentos de política para paliar los efectos perjudiciales de las políticas proteccionistas y distorsionantes que por varias décadas han aplicado los países del Norte y que ahora se pretende negar a los países del Sur. Estos deben ser preservados como expresión del Trato Especial y Diferenciado y a la vez aprovechar nuestras potencialidades, aspiración por siempre desplazada.

En nuestros países, la actividad agrícola es fundamental para la supervivencia de millones de ciudadanos que ancestralmente han ocupado y preservado racionalmente vastos espacios geográficos para provecho de la humanidad. Las condiciones de vida de millones de campesinos indígenas se verían seriamente afectadas si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aun en los casos en los cuales no exista subsidio. La producción agrícola es mucho mas que la producción de una mercancía; es en sentido amplio un modo de vida, es el fundamento básico de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio; define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y soberanía alimentaria por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.

Derechos de propiedad intelectual o derecho a la salud

"La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa nítidamente la oposición de intereses entre los países del Norte y los países del Sur, especialmente entre las grandes corporaciones transnacionales y las poblaciones campesinas y aborígenes.

"Las potencias del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo con sus exigencias, cuyos estándares se nos quiere obligar a cumplir sin que medie una consideración especial y diferenciada para los países en desarrollo.

A pesar de que el párrafo 6 de la Declaración de Doha plantea que "no deberá impedirse a ningún país que adopte medidas para la protección de la salud y la vida de las personas", todavía se insiste en consolidar un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual en condiciones muy desventajosas para los países pobres.

"En las hoy predominantes relaciones asimétricas, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de la propiedad intelectual está orientado a acentuar este desbalance. Protege sectores en los cuales las potencias poseen más ventajas, mientras que, injustamente, deja sin protección a aquello en lo cual los países del Sur tienen indudables ventajas: la diversidad genética de sus territorios y el conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.

"Los acuerdos sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio obligan a todos los países -después de un período de gracia para los "menos desarrollados"- a establecer regímenes de protección muy restrictivos y adversos al interés de los países del Sur.

Así por ejemplo, como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas eliminarán, a la larga, la competencia y cobrarán precios más allá de la capacidad adquisitiva de millones de personas. Según diversos estudios, se ha calculado que ocurrirán no sólo aumentos significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente una notaria reducción del consumo: amplios sectores de la población quedarían excluidos del acceso a medicamentos de calidad y precios accesibles. Esto es inadmisible.

"Los acuerdos de propiedad intelectual no deben constituirse en obstáculos del derecho de las personas a gozar de los avances científicos y tecnológicos, del acceso a los medicamentos, educación y alimentos de calidad. Venezuela reconoce la supremacía de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, salud, seguridad alimentaria y biodiversidad por encima de la propiedad intelectual de las corporaciones transnacionales. En cuanto a salud se refiere, hay que defender y preservar el derecho de otorgar licencias obligatorias a favor de empresas nacionales para que fabriquen versiones genéricas de medicamentos que satisfagan las demandas de las poblaciones más necesitadas.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela también apoya el derecho de los indígenas y campesinos de proteger su conocimiento ancestral y el de los agricultores a proteger y utilizar las semillas por ellos producidas.

Defender la obligación del Estado de prestar servicios estratégicos

"Las propuestas para liberalizar, desregular y privatizar de forma absoluta, el comercio de servicios (financieros, telecomunicaciones, consultoría, ingeniería, turismo, salud, etc.) implica una seria amenaza a nuestros postulados constitucionales y leyes nacionales, así como para las políticas gubernamentales de promoción y desarrollo que influyen y regulan los mecanismos imperfectos del mercado.

"La pertinencia de mayores o menores niveles de regulación o intervención estatal es un tema abierto que tiene que decidirse de acuerdo con las condiciones que cambian permanentemente.

La transferencia del mercado de servicios públicos, como la educación o la salud, amenaza los derechos elementales de los ciudadanos al transformarlos en simples consumidores de los mismos.

"El Gobierno Bolivariano de Venezuela sostiene que los países podrán liberalizar sus servicios de acuerdo con sus prioridades de desarrollo nacional y no porque lo obliguen acuerdos o tratados internacionales. Se deben mantener como servicios públicos los indispensables para la población y los que determine la Constitución y las leyes. En este sentido, es necesario asegurar un margen adecuado de protección y excluirlos de cualquier intento de liberalización que impida el acceso de la población, particularmente de los sectores mas empobrecidos, a servicios básicos, tales como la salud, educación, justicia, seguridad, etc.

"En relación con las negociaciones sobre servicios, inversiones, competencia y facilitación del comercio, vinculados con los recursos naturales energéticos y sus industrias, la República Bolivariana de Venezuela, fiel a los principios establecidos en su Constitución, mantendrá la propiedad, manejo y control sobre los mismos. Por ser considerados de interés público y de carácter estratégico para la Nación venezolana, en el marco de las negociaciones y acuerdos internacionales estos sectores no podrán ser objeto de ningún proceso de liberalización, desregulación o privatización que limiten el derecho soberano del Estado y el Gobierno para diseñar y ejecutar las políticas y estrategias de desarrollo más convenientes al interés nacional.

En consecuencia, toda iniciativa y estrategia de negociación sobre los recursos naturales energéticos y sus industrias se subordina a los principios constitucionales y legales en la materia, que responden a los máximos intereses del Estado Venezolano.

"En esta V Reunión Ministerial de la OMC la delegación venezolana planteará de manera firme y categórica que, este esquema de comercio, como otros cuyas propuestas son sesgadas en la misma dirección liberalizadora, no podrán limitar ni sobreponerse a la potestad y el derecho soberano de los Estados de regular los distintos sectores de servicios que se consideren de importancia estratégica para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de su población."