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Ficha T?cnica: Arbitraje ExxonMobil contra la Rep?blica Bolivariana de Venezuela

Washington DC 15 de febrero 2008

A pesar de los intentos realizados por la República Bolivariana de Venezuela en encontrar una solución amistosa e incluso aceptar recurrir a un proceso de arbitraje internacional en función de una salida que beneficiara a las partes involucradas, ExxonMobil prefiriío optar medidas agresivas, unilaterales y coercitivas para descalificar cualquier propuesta hecha por Venezuela. Una acción que bien podría calificarse como "terrorismo judicial".

Después de la aprobación de la ley de Hidrocarburos en el año 2001, la República Bolivariana de Venezuela regularizo la situación legal los contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco. De esa manera aseguró que los beneficios de la explotación petrolera se tradujeran en valor social para el desarrollo del pueblo venezolano y no en una transferencia a las tesorería de empresas multinacionales de petróleo. Esto fue aceptado por todas las empresas petroleras que operan en Venezuela, a excepción de ExxonMobil.

La Faja Petrolífera del Orinoco y la Privatización de los Recursos Naturales

La Faja Petrolífera del Orinoco es considerada como el mayor depósito de hidrocarburos del planeta, con aproximadamente 1.4 billones de barriles de crudo pesado. Al ser certificadas Venezuela se convertirá en el país con las mayores reservas probadas del mundo 315 millardos de barriles- a través de un proceso que culminará en el año 2009.

La Faja, representa una de las regiones petrolíras más rentables del planeta, especialmente al ser comparada con proyectos como los de costa afuera o las arenas bituminosas de Canadá. El costo final de producción de un barril de crudo sintético ligero en la Faja del Orinoco es de aproximadamente 7 dólares, siendo calificado por los expertos como alguno de los proyectos más rentable en la industria petrolera mundial.

Durante los años 1990, compañías de petróleo privadas comenzaron a tener actividades de producción petrolera en diferentes regiones del país, incluida la Faja Petrolífera del Orinoco, utilizando medidas de dudosa legalidad con la clara intensión de revertir la nacionalización de 1975. En ese momento, estas empresas sólo pagaban 1% de regalías por concepto de extracción. Los términos y condiciones de estos contratos, subordinaban la soberanía del estado venezolano sometiéndolo a arbitrajes internacionales y colocando a los activos de PDVSA como rehén de las compañías petroleras. En un intento de manipulación y coerción a la Republica Bolivariana de Venezuela


Ley de Hidrocarburos del 2001

Con la ley de hidrocarburos del año 2001 el Estado venezolano ratificó su soberanía sobre sus recursos naturales, estableciendo la regularización legal de los contratos de asociación estratégica y regulando por primera vez la inversión privada en la industria petrolera. Bajo los nuevos contratos, el Estado garantizó mantener la mayoría de cada proyecto e incrementó el impuesto y las regalías.


Bajo ese marco legal, de los 32 Convenios Operativos, 30 se acogieron al esquema de empresas mixtas de una manera amigable y ajustada al derecho.

Fue bajo la Ley de Hidrocarburos del 2001 y siguiendo el decreto 5,200 de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela del 27 de febrero del 2007, que la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), comenzó a negociar las nuevas estructuras de participación de los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco.


Negociaciones de compensación en el 2007

Durante el mes de julio del año 2007, el estado venezolano invitó a todas las compañías con operaciones en la faja petrolífera del Orinoco a negociar los términos de la transferencia de sus participaciones, para la conversión de PDVSA en socio mayoritario a través de un proceso totalmente transparente.

Sólo ExxonMobil, una de las primeras empresas en firmar el memorando de entendimiento, que le permitía a Venezuela asumir una participación mayoritaria en el proyecto de Cerro Negro y la empresa ConocoPhillips rechazaron los términos de las nuevas empresas mixtas. Por su parte, Chevron, Statoil, Total, ENI, BP y Sinopec firmaron acuerdos que le otorgaron a PDVSA entre el 60% y el 83% de sus acciones en los proyectos de la faja.

Durante las negociaciones, PDVSA acord????gar un total de 1.1 millardos de dólares a Total (Francia) y Statoil-Hydro ASA (Noruega) por la transferencia de las acciones que la convirtieron en socio mayoritario del proyecto de Sincor. ExxonMobil y ConocoPhillips recurrieron al arbitraje internacional, opci????ontemplada en el contrato inicial y respetada por Venezuela.

Paradójicamente ExxonMobil aun conserva en sus informes financieros su participaci????or el valor de 41.7% del proyecto de la Faja. Este negocio sólo representa para ExxonMobil aproximadamente 2% de su producción global. Mientras que ExxonMobil no ha anunciado públicamente cual es su expectativa, algunos expertos estiman que el valor es alrededor de 750 millones de dólares.

En septiembre, empresas afiliadas a ExxonMobil introdujeron una demanda en el Centro Internacional para Acuerdos de Disputas de Inversiones (Center for Settlement of Investment Disputes) en contra del gobierno venezolano, solicitando la compensación por los proyectos: Cerro Negro y La Ceiba.

Al contrario ConocoPhillips, ha continuado con el proceso de negociaciones para llegar a un acuerdo.

ExxonMobil prefirió respetar las conversaciones hasta entonces mantenidas con el gobierno venezolano y apeló por medidas, unilaterales y coercitivas, rechazando todos los esfuerzos hechos por Venezuela para encontrar una solución amistosa.

Es importante notar que el año pasado, PDVSA adquirió  99% de los bonos del proyecto de Cerro Negro por un valor de 501 millones de d????es, as?omo la deuda del proyecto Hamaca por un valor de 129 millones de dólaes.

Situación Actual

A pesar de los esfuerzos hechos por la República Bolivariana de Venezuela por llegar a un acuerdo justo, utilizando todos los procesos legales estipulados en el contrato, ExxonMobil decidió emprender una batalla legal fuera del marco de arbitraje en contra la República y PDVSA, irrespetando la autoridad y los términos del arbitraje internacional a través de una medida unilateral.

ExxonMobil, introdujo demandas legales en contra de PDVSA en tres cortes, una estadounidense, una británica y una holandesa. Las cortes han emitido medidas cautelares temporales en contra de PDVSA:

Corte estadounidense:

Congelamiento temporal de 315 millones de dólares de un fondo que recibe los ingresos de la refinería de Chalmette, una alianza 50-50 entre ExxonMobil y PDVSA.

Cortes británica y holandesa:

Ambas emitieron órdenes de congelamiento temporal de los activos de PDVSA por 12 millardos de dólares.

Según los voceros de ExxonMobil, estas medidas han sido tomadas bajo la presunción de que PDVSA no dispondrá de suficientes fondos para compensarla después de que las cortes arbítrales naturales en este caso emitan su sentencia.

Estas medidas tomadas por ExxonMobil son indignantes y fuera de todo racional económico por los motivos siguientes:

* Venezuela siempre ha pagado sus deudas en los procesos de nacionalización y en sus compromisos financieros
* Venezuela redujo su deuda pública externa de 31 millardos de dólares en el 2004 a 25.9 millardos de dólares en el 2007
* Los activos globales actuales de PDVSA se ubican en el orden de 107 millardos de dólares
* PDVSA es una de las empresas integradas de petróleo con la relación deuda-capital más baja del mundo
* Considerando la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela tiene las mayores reservas de crudo en el mundo
* La calificación de crédito de PDVSA no ha sido afectada, ni siquiera después de las acciones emprendidas por ExxonMobil


La República Bolivariana de Venezuela rechaza las sugerencias de que las operaciones de PDVSA se verán afectadas por los intentos de ExxonMobil de congelar sus activos, o por cualquier otra medida que socave la gestión soberana sobre los recursos naturales de Venezuela para el beneficio de su pueblo.

Venezuela y PDVSA han demostrado en reiteradas oportunidades el respeto por los contratos firmados y las leyes internacionales y seguirán de esta forma, buscando un acuerdo justo en los casos llevados a arbitraje.

El anuncio hecho por venezuela de la cesación de las relaciones comerciales con ExxonMobil, es el resultado de la conducta agresiva y coercitiva por parte de esta compañía en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, dicha decisión es pertinente sólo en el mercado abierto y no afecta los contratos de suministro.

El valor de la acción cautelar intentada es exageradamente más alta que la compensación que ExxonMobil espera recibir del proyecto de Cerro Negro, pudiendo estar hasta un 1600% sobre el potencial valor de los activos en cuestión

Aunque no está clara la verdadera intención de ExxonMobil, sus acciones han generado como consecuencia incertidumbre en el mercado petrolero global generando así el incremento de los precios del petróleo y han afectando el valor de los bonos soberanos de la nación.

Finalmente, Venezuela exige que ExxonMobil respete el derecho internacional y el dictamen final del Centro Internacional para Acuerdos de Disputas de Inversiones.

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