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Un mal trato

Por Bernardo Álvarez Herrera

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Después que el presidente venezolano Hugo Chávez desplegara 15.000 tropas a la permeable frontera con Colombia, algunos analistas mostraron preocupación por el posible conflicto entre los dos vecinos. No es la primera vez que nuestros países han tenido desacuerdos. Y, como de costumbre, en Washington se responsabiliza a Venezuela por la disputa. Algunos se han atrevido incluso a afirmar que Chávez ha utilizado el conflicto con Colombia como forma de incentivar el fervor nacionalista.    

Pero no se trata de nacionalismo o disputas insignificantes. Entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez no hay simplemente saliva, como algunos en Washington quieren pensar. Los que dicen eso simplemente no entienden el contexto que abarca las tensiones entre Colombia y Venezuela y el rol central que ha jugado Washington en ambos países.

Un punto en cuestión es el acuerdo militar firmado en octubre entre Washington y Bogotá que permitiría a personal militar, funcionarios de inteligencia y contratistas de defensa tener acceso a bases militares en suelo colombiano. Las vagas provisiones  y las motivaciones cuestionables del acuerdo amenazan la estabilidad regional y la soberanía territorial, alteran el equilibrio militar de la región y amenazan con presionar  la violencia y el tráfico de drogas, mal endémico al conflicto colombiano, a que sobrepasen cada vez más las fronteras de Colombia.

Las actuales tensiones entre nuestros países son solo una expresión de la amplia preocupación regional por este pacto. Cuando salió a la luz este acuerdo por primera vez, en julio de 2007, muchos países de América del Sur mostraron preocupación por el impacto que podría tener en la estabilidad regional. En dos cumbres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 11 de los 12 Estados miembros se opusieron al acuerdo militar y expresaron su preocupación porque regionalizaría aún más el conflicto interno de Colombia. Las naciones también exigieron garantías de que las operaciones entre Estados Unidos y Colombia no violarían la soberanía de los países vecinos. Más recientemente, los presidentes de Argentina y Brasil emitieron un comunicado conjunto por el despliegue de tropas extrajeras en la región y la amenaza que esta presencia podría representar para la soberanía territorial de la misma.     

Suramérica tiene razones particulares para estar preocupada. En un documento de solicitud de presupuesto fiscal  2010 presentado al Congreso en mayo, la Fuerza Aérea estadounidense justificó el proyecto de mejoramiento de una base aérea en Colombia explicando que “el desarrollo de estas CSL [locaciones de seguridad de cooperación] ofrecen una oportunidad única para llenar las operaciones de espectro en una subregión crítica de nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo constante amenaza de insurgencias terroristas narcotraficantes, gobiernos antiestadounidenses, pobreza extrema y desastres naturales recurrentes”. Este documento, que no es parte del acuerdo propiamente, sino que se refiere a una base aérea donde estacionarían tropas de Estados Unidos bajo las provisiones del acuerdo, da un honesto entendimiento de cómo los funcionarios militares estadounidenses previeron futuros despliegues en la región.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos posteriormente quitó “gobiernos antiestadounidenses” del documento, pero lo hizo solo después de que se firmara el acuerdo de cooperación entre Washington y Bogotá, y que varios países expresaran fuertes reservas. Aunque las palabras desaparecieron, el lenguaje que persiste insiste en el valor estratégico de las bases colombianas para ampliar la estrategia global militar de Estados Unidos. Este acuerdo es una incursión geopolítica en la región por parte de Washington.  

Ciertamente, es claro que la presencia estadounidense en Colombia tendrá implicaciones mayores en la región que el simple hecho de ayudar a combatir el trafico de cocaína -tal como originalmente estaba planificado en el fallido Plan Colombia-, o apoyar al gobierno colombiano en el combate a insurgentes. Y no es solo Venezuela el único país que así lo considera. En Julio, Rafael Pardo, ex ministro de Defensa colombiano, dijo que el acuerdo era "como prestarle el balcón del apartamento a un señor de afuera de la cuadra para que vigile a los vecinos".  En un comunicado, la ampliamente respetada Oficina de Washington para América Latina destacó lo siguiente: “Esto parece ser un acuerdo sin fronteras, que permitiría potencialmente a los militares estadounidenses desarrollar virtualmente cualquier misión en contra de cualquier amenaza virtualmente percibida”.      
 
Las preocupaciones expresadas por la región y los recientes movimientos defensivos de Venezuela también tienes fundamentos más prácticos. En marzo de 2008, Colombia lazó un ataque en territorio ecuatoriano, bombardeando lo que el gobierno colombiano afirmaba era un campamento de las FARC. La incursión fue una violación sin precedentes a la soberanía territorial y la aplicación de la doctrina de guerra preventiva  de George W. Bush. Repentinamente, Venezuela se encontró no solo con un vecino comprometido con la lucha contra un enemigo interno, sino también dispuesto a llevar esa lucha más allá de las fronteras internacionales bajo el más débil de los pretextos. 

El nuevo acuerdo de Estados Unidos y Colombia no disipa las preocupaciones de la región de que no ocurrirán más violaciones a la soberanía territorial. A pesar de que no contempla operaciones en terceros países, tampoco los prohíbe explícitamente. Tal como para cualquier otro país, esta es una amenaza inaceptable para Venezuela.  

No tiene que gustarle el presidente Chávez para entender la realidad hostil que encara Venezuela y la región. Durante décadas nuestro país ha tenido que lidiar con un conflicto interno en Colombia que ha traspasado nuestros 2.300 kilómetros de frontera. Ahora el continente también tiene que lidiar con una presencia militar estadounidense que ha sido oficialmente justificada bajo la necesidad de desarrollar “operaciones de amplio espectro” por toda la región y actuar ante la “amenaza” de supuestos “gobiernos antiestadounidenses”, tal como afirma la solicitud de presupuesto de la Fuerza Aérea.    

Los países de la región continuarán trabajando conjuntamente, tal como lo han hecho en los últimos meses, para atender la crisis provocada por el acuerdo de Estados Unidos y Colombia. El 27 de noviembre se realizó otra cumbre de la Unasur para discutir el acuerdo, pero a último momento los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Colombia decidieron no asistir. El organismo acordó solicitar una reunión a la secretaria de Estado Hillary Clinton para discutir sobre las bases y además reiterar la oposición a cualquier amenaza a la estabilidad regional o la soberanía de los Estados miembros de la Unasur.

Esperamos que el gobierno de Barack Obama, así como los congresistas que han apoyado las bases, entiendan las graves implicaciones ha tenido su decisión para la estabilidad de la región, y que escojan revertirla.     

Bernardo Álvarez Herrera es embajador de Venezuela en Estados Unidos

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