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Comunicado sobre el ofrecimiento de EEUU de mediar en la crisis colombo-venezolana

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con las recientes declaraciones de funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos sobre su “interés en promover la estabilidad y el diálogo” entre Colombia y Venezuela, desea recordar que la instalación de bases militares bajo el control irrestricto de los Estados Unidos en Colombia constituye el origen de una situación de inestabilidad y de inquietud regional.

El desproporcionado despliegue militar estadounidense en suelo colombiano, intenta justificar el Gobierno de Colombia como un esfuerzo bilateral de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estos argumentos son falsos y no disipan las dudas e inquietudes que tienen los países de la región suramericana sobre estas bases militares, percibidas en términos de amenaza debido a la magnitud del programa que se pondrá en práctica con la instalación de equipos para la guerra electrónica, labores de inteligencia, efectivos militares y personal de empresas contratistas de seguridad.

El fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos está orientado a proyectar su poder global para disuadir, bajo la amenaza de intervenciones militares, a países que como la República Bolivariana de Venezuela, mantienen una posición crítica en relación con su política imperialista. En esta estrategia, la base de Palanquero tendrá un rol de importancia estratégica ya que podría servir de escala para misiones fuera del territorio colombiano. Venezuela desea llamar la atención que si bien el texto del “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad” no contempla operaciones en terceros países, tampoco las prohíbe explícitamente.

La preocupación de Venezuela en considerar como una grave amenaza la presencia de estas bases en territorio colombiano bajo el manejo irrestricto de los Estados Unidos, tiene sólidos fundamentos en las más recientes violaciones al Derecho Internacional ejecutadas por Colombia y Estados Unidos.

En el caso del Gobierno de Álvaro Uribe, al haber atacado ilegalmente el territorio de la República del Ecuador en marzo de 2008, se violó el numeral 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Por su parte los Estados Unidos, con la guerra en Irak, violó la resolución 1441 (2002) del Consejo de Seguridad. Esta resolución estableció un riguroso régimen de inspecciones que fortaleció la autoridad de la Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección de las Naciones Unidas (UNMOVIC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La resolución no autorizaba el uso de la fuerza en caso de violación por parte de Irak,  Estados Unidos violó la Carta de las Naciones Unidas al lanzar una acción militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad.

Estas acciones ilegales contrarias a la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas que prohíben el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, muy recientemente violadas por parte de Colombia y los Estados Unidos, justifican la preocupación de los países de América del Sur por una exagerada capacidad operativa y defensiva y una clara cesión de competencias propias del Estado colombiano a los Estados Unidos por parte de la administración del presidente Álvaro Uribe.

Si bien la administración del presidente Barack Obama ha manifestado públicamente su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y al Multilateralismo, fortalece la preocupación venezolana que esta administración continúe violando de forma reiterada la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, que impide a los Estados ofrecer refugio a quienes cometan actos de terrorismo y prohíbe la denegación de las solicitudes de extradición de terroristas por razones políticas. Este país ha incumplido lo establecido en el Tratado de Extradición con Venezuela al negarse, a través de subterfugios legales, a extraditar al connotado terrorista internacional Luis Posada Carriles. 

Ante esta real situación de amenaza a la estabilidad de la región por parte del Gobierno de los Estados Unidos, la propuesta de mediar tiene un claro propósito de desviar la atención de su responsabilidad primaria en la crisis y resulta grosera a los ojos de los pueblos conscientes del mundo.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera su rechazo rotundo a la instalación de las mencionadas bases militares norteamericanas en suelo colombiano, y su disposición de continuar el debate dentro de la UNASUR sobre la difícil situación regional generada por los gobiernos de Washington y Bogotá al firmar el “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”.

Venezuela considera que si los Estados Unidos tienen un real interés en colaborar para promover el diálogo y la estabilidad regional deben desistir en su intención de convertir a Colombia en la base de operaciones de su estrategia regional de dominación y control sobre los países de América del Sur.

Caracas, 17 de noviembre de 2009

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